10 de febrero de 2026
Reforma Penal Juvenil: el Gobierno retiró el proyecto que mandó al Congreso ayer y continúa con otro documento pactado con la oposición

El Poder Ejecutivo había girado a la Cámara de Diputados una iniciativa, pero ayer por la noche decidió retirarse ya que se pisaba con otra que ya había sido avanzado por el oficialismo y la oposición dialoguista. Los tres cambios clave que se impulsan
La hoja de ruta prevista para los próximos días será la siguiente. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones clave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se formalizará la composición de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que estará presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA). A las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia, que quedaría en manos del mendocino Álvaro Martínez (LLA).
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados se convocó para el jueves a las 11 horas.Además de la modificación de la edad clave, el proyecto incorpora un cambio pedido por la oposición: que se detallen el origen de los fondos para cumplir con las medidas para implementar la nueva normativa, que se estima en $23.739.155.303,08. Estas partidas se distribuirán entre el Ministerio de Justicia de la Nación y a la Defensoría General de la Nación.Pese a que ciertos sectores del oficialismo marcaban la necesidad de bajarla a los 13 años, la posición de opositores aliados al Gobierno como el PRO y la UCR ya estaba fijada en 14 años. “Ese fue el consenso”, marcaron a Infobae. Así, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año previo, proponiendo penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua.
El enfoque del proyecto busca dar respuesta a las inquietudes sociales en materia de inseguridad asociada a adolescentes y desarticular posibles usos de menores como instrumentos para el delito, considerando que en la actualidad los menores de dieciséis años son inimputables. El texto promueve medidas de resocialización como prioritarias. Para los menores de hasta quince años imputados por delitos graves, los jueces tendrán la potestad de dictar privaciones de libertad, aunque deberá prevalecer la reinserción social.
El texto subraya derechos reforzados para los imputados durante el proceso judicial: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia, elementos que fueron motivo de debate presupuestario y que ahora aparecen previstos en la nueva estructura financiera del proyecto.



